Por Mohamed El Ghidoni
Secretario General de la Unión de Asociaciones Islámicas de Cataluña (UCIDCAT)
Han transcurrido treinta y tres años desde que la Comisión Islámica de España (CIE) firmó los Acuerdos de Cooperación de 1992 con el gobierno español, consagrados en la Ley 26/1992, que representaron un reconocimiento histórico de los derechos de la comunidad musulmana. Este acuerdo estableció la presencia del Islam en el marco jurídico español y garantizó derechos como la atención religiosa, la educación religiosa islámica y la protección de los lugares de culto.
Sin embargo, ahora surgen voces críticas que cuestionan la capacidad del actual gobierno para ejercer el liderazgo que le corresponde.
Las críticas señalan debilidades estructurales, recursos limitados y una presencia prácticamente inexistente en los debates sociales que afectan a los derechos fundamentales de los musulmanes. Acontecimientos recientes como la crisis de Torrebacheco, el incendio provocado en la mezquita de la Beira y la prohibición del uso de las instalaciones municipales a la comunidad musulmana de Jumilla han revelado respuestas lentas e indecisas.
La falta de una postura clara sobre la prohibición de la vestimenta islámica en las piscinas de Ripoll o sobre la propuesta —posteriormente rechazada— de prohibir el hiyab en el Parlamento catalán refuerza la impresión de que la Comisión está desconectada de la realidad de las comunidades a las que representa.
«La Comisión Islámica parece más una firma histórica que un actor real que defiende los derechos de los musulmanes a diario», comenta un especialista e investigador en asuntos religiosos de la Universidad Libre de Barcelona.
Las críticas se reducen a exigencias claras: una comisión con un sólido aparato legal capaz de emprender acciones legales, una estrategia mediática para combatir la islamofobia y un mecanismo para supervisar eficazmente la implementación de los acuerdos en todo el país. Sin estos elementos, afirman los críticos, la Comisión seguirá siendo una mera entidad simbólica.
La Comisión reconoce sus limitaciones, pero afirma que opera discretamente y con recursos limitados.
Sin embargo, sus críticos consideran esta quietud como parte del problema: la falta de visibilidad en un contexto de creciente retórica antimusulmana. Treinta y tres años después del acuerdo, los críticos argumentan que los logros legales del pasado no compensan la práctica ausencia del presente.
El reto es claro: o la Comisión Islámica se reforma y asume un papel activo y asertivo, o corre el riesgo de perder su legitimidad ante quienes dice representar
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