El ministro Torres defiende el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad desplegadas en Ceuta y pide depurar las responsabilidades individuales que se demuestren, incluso la ONU y Amnistía piden investigar las denuncias de torturas de militares a inmigrantes en Ceuta
Durante su entrevista en La hora de La 1, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha pronunciado sobre las graves informaciones y denuncias relativas a supuestas palizas y agresiones cometidas por efectivos militares contra inmigrantes en el marco del dispositivo desplegado en Ceuta.
Al ser preguntado sobre cómo es posible que no se hubieran detectado previamente este tipo de actos, el titular ministerial confirmó que “han llegado denuncias y desde propio Ministerio de Defensa también se ha elevado a las autoridades judiciales”, garantizando una investigación rigurosa bajo el amparo de la Justicia.
Torres contextualizó la extrema complejidad operativa a la que se han enfrentado los efectivos sobre el terreno, recordando la elevada presión migratoria registrada en la zona.
En sus declaraciones, destacó que “estamos hablando de una situación compleja de más de 20.000 personas que se quedaron en Ceuta”.
Pese a la trascendencia de las acusaciones formuladas, el representante gubernamental quiso matizar el desempeño global de las fuerzas desplegadas, manifestando literalmente: “yo quiero aquí también romper una lanza a favor de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los militares”.
Tolerancia cero con los abusos y rechaza generalizar
Sin perjuicio del respaldo institucional a la labor de contención, Torres fue tajante al señalar que no se tolerará ninguna vulneración del ordenamiento jurídico.
El ministro aseveró que “del mismo modo que hay que cumplir con la ley y por supuesto no puede haber abusos”, enfatizando que “si los hay de manera individual que se pague con todo el peso de la ley”.
Asimismo, reafirmó la voluntad firme del Ejecutivo de “apoyar las investigaciones que sean pruebas que sean demostradas y que sean verdad” para esclarecer la veracidad de los testimonios recopilados.
Paralelamente, Torres solicitó evitar condenar al conjunto de los efectivos desplegados antes de que concluyan las pesquisas judiciales.
El ministro hizo un llamamiento público para “que lógicamente no se señale a todas las fuerzas de cuerpos de seguridad, a todos los militares por lo que puedan haber hecho si finalmente se demuestra un número determinado”.
Con estas palabras, el Ejecutivo acota las responsabilidades a los comportamientos individuales que puedan resultar acreditados en sede judicial, evitando estigmatizar al estamento militar en su totalidad.
Invitó a la demanda y a la denuncia
En relación con el origen de los indicios y el procedimiento formal para investigar las agresión denunciadas, el ministro detalló los pasos adoptados desde que trascendieron las primeras informaciones.
Torres explicó que “lo primero que se trasladó también por parte de la autoridad funcionales era lógicamente invitar a la demanda y a la denuncia”. Según relató, la alarma pública surgió inicialmente en el espacio digital, constatando que “empezó a salir información en redes sociales y en distintos estos medios”.
Ante la difusión de estos testimonios, el Gobierno promovió que los hechos se pusieran formalmente en conocimiento de los tribunales.
Torres señaló que “lo que invitamos es que eso se formalizara como tiene que hacerse las cosas a través de una denuncia, incluso a través de una denuncia con junto a las entidades que lo denunciaban, las organizaciones no gubernamentales”.
Del mismo modo, subrayó el interés directo de las autoridades de seguridad en aclarar lo sucedido, remarcando que “por supuesto desde el propio Ministerio de Defensa, el principal interesado también era aclarar estas circunstancias”.
Inexistencia de nombres concretos e investigación judicial en marcha
Preguntado de manera específica sobre si el Ministerio de Defensa maneja identidades concretas de los militares que habrían participado en estas supuestas palizas a inmigrantes, Torres clarificó el estado actual de los datos en poder del Gobierno.
A la cuestión sobre si se ha identificado a los agresores con nombres y apellidos, el ministro respondió taxativamente con un “No, no. Con nombres, apellidos y personas, no”.
A pesar de no disponer de identidades concretas en la fase inicial, el ministro remarcó la total predisposición de la ministra Margarita Robles y de todo su departamento para colaborar de forma transparente con los juzgados.
Torres concluyó ratificando que “sí que lógicamente el y con su ministra la cabeza a disposición de la justicia que todo esto, por supuesto, se aclare con absoluta contundencia”, garantizando que se llegará hasta el final para depurar las responsabilidades que correspondan
