La respuesta del Ministerio Público a las denuncias presentadas por algunas organizaciones sospechosas de defender los derechos humanos fue clara y rigurosa. Enfatizó que las sentencias y decisiones dictadas en el contexto de los recientes actos de violencia y vandalismo durante manifestaciones no autorizadas se dictaron dentro de un plazo razonable, de conformidad con la ley y la situación penal de cada acusado.
El magistrado Hassan Farhan, en representación del Ministerio Público, afirmó que los informes de las audiencias se redactaron en estricto apego a los procedimientos legales, sin prisas ni vulneración de los derechos de la defensa. Añadió que las demoras observadas en algunos casos se debieron principalmente a las reiteradas solicitudes de los abogados para que prepararan sus argumentos. Las penas impuestas no superaron los 15 años de prisión, mientras que la ley establece un máximo de 20 años para ciertos delitos graves.
El Ministerio Público informó que 2.480 personas fueron procesadas, incluidas 959 bajo fianza y 1.473 en prisión preventiva, mientras que 48 casos se archivaron por falta de pruebas. Todos los acusados recibieron garantías de un juicio justo: notificación de cargos, asistencia letrada, contacto con sus familias y presencia de la defensa en todas las etapas del proceso. Además, 3.300 personas detenidas fueron puestas en libertad tras verificarse su no implicación, y los menores afectados fueron devueltos a sus padres conforme a la ley.
La Fiscalía finalmente enfatizó que las intervenciones policiales se llevaron a cabo dentro del estricto marco de la legalidad y el deber de proteger a las personas y los bienes. Varios miembros de las fuerzas públicas resultaron heridos durante estos incidentes y se registraron importantes daños materiales. Esta aclaración pone de relieve el rigor y la transparencia de la justicia marroquí frente a los intentos de manipulación por parte de ciertas ONG con agendas dudosas
