Hemos consultado el memorándum de Autonomía bajo Soberanía Marroquí, actualizado y presentado por Marruecos; en las últimas consultas de Madrid y nos parece un excelente trabajo de nuestra Diplomacia
Hemos optado por ofreceros una lectura por temas (el orden final puede cambiar), con el fin de hacer más legibles las cuestiones específicas de cada parámetro principal
*I- Los fundamentos jurídicos y la arquitectura normativa del estatuto*
– En primer lugar, el documento retoma la matriz de la iniciativa de 2007 transmitida a las Naciones Unidas bajo el mandato de Ban Ki-moon pero la transforma en un texto estructurado artículo por artículo, que incluye definiciones normativas, cláusulas de interpretación, disposiciones transitorias, mecanismos de articulación constitucional y procedimientos de control, lo que lo acerca a un verdadero estatuto orgánico comparable a los regímenes de autonomía europeos más que a una simple declaración política
– Segundo, la distribución de competencias se basa en una técnica mixta que combina una lista exhaustiva de competencias estatales exclusivas y una lista detallada de competencias regionales, complementada con una cláusula de subsidiariedad enmarcada según la cual cualquier competencia no asignada explícitamente a la Región sigue siendo una competencia nacional a menos que se acuerde formalmente lo contrario
– Tercer, los poderes exclusivos del Estado se definen restrictivamente e incluyen la defensa nacional, la seguridad estratégica, la política exterior, la representación diplomática, la moneda, la política monetaria, la nacionalidad, los símbolos de la soberanía y el orden jurisdiccional supremo, estando estas áreas exentas de cualquier competencia regional incluso compartida
– Cuarto, las competencias regionales se enumeran sectorialmente y abarcan la planificación del uso del territorio, la planificación urbana, la planificación económica regional, el desarrollo industrial y turístico, la gestión pesquera, las políticas sociales, la salud, la educación, el medio ambiente, la gestión de la infraestructura hídrica y energética y la promoción cultural, con el poder de emitir normas vinculantes en estas materias
– Quinto, se consagra expresamente el principio de lealtad constitucional como norma rectora del ejercicio de los poderes regionales, lo que implica que toda autoridad autónoma actúa en cumplimiento de la unidad del Estado, la solidaridad nacional y la coherencia de las políticas públicas nacionales
– Sexto, una cláusula de salvaguardia constitucional prevé que, en caso de daño grave al orden constitucional, a la integridad territorial o al funcionamiento regular de las instituciones, el Estado podrá, de manera excepcional y temporal, suspender determinadas competencias regionales según un procedimiento estrictamente regulado y controlado legalmente.
*II- La organización del poder legislativo regional y la representación democrática*
– Séptimo, el Parlamento regional se concibe como una asamblea unicameral con doble legitimidad, combinando miembros elegidos por sufragio universal directo según un sistema de votación proporcional regional y miembros designados por las tribus saharauis reconocidas, de acuerdo con los procedimientos establecidos en una ley orgánica que define criterios, procedimientos y garantías de transparencia
– Octavo,se incluyen cuotas explícitas de representación femenina con un porcentaje mínimo obligatorio y mecanismos de validación de las listas que garanticen su efectividad
– Noveno, el Parlamento tiene pleno poder legislativo regional en las materias de su competencia, incluida la capacidad de adoptar leyes orgánicas regionales por mayoría cualificada reforzada con el fin de garantizar la estabilidad normativa.
– Décimo, los representantes electos de la Región continúan formando parte del Parlamento Nacional, lo que garantiza la participación plena y completa del territorio en las decisiones soberanas del Reino
– Undécimo, se crea un Consejo Económico, Social y Ambiental Regional, integrado por representantes de los sectores productivos, tribus reconocidas, organizaciones profesionales, asociaciones de mujeres y jóvenes, con opinión consultiva obligatoria sobre el presupuesto regional y encargado de presentar un informe público anual
*III- La estructuración del ejecutivo regional y su relación con el Estado central*
– Duodécimo, el ejecutivo regional está dirigido por un Jefe de Gobierno investido formalmente por el Rey según el mecanismo propuesto por Marruecos, basado en un sistema de nombramiento institucional enmarcado con el fin de garantizar la coherencia constitucional y la unidad del Estado (este punto constituye uno de los principales puntos de desacuerdo en las negociaciones, el Polisario se opone a este método y exige un método de elección directa del Jefe del ejecutivo regional por sufragio universal, creyendo que una legitimidad popular autónoma es indispensable, mientras que Rabat defiende un modelo de nombramiento o investidura enmarcado con el fin de evitar la constitución de un polo ejecutivo con una legitimidad política que compita con la de las instituciones nacionales)
– Decimotercero, el Jefe de Gobierno tiene poder reglamentario regional, dirige la administración autónoma, nombra a los altos funcionarios regionales y tiene iniciativa legislativa regional
– Decimocuarto, la responsabilidad política del ejecutivo puede comprometerse mediante una moción de censura constructiva exigiendo el nombramiento de un sucesor
– Decimoquinto, el Jefe de Gobierno actúa también como representante del Estado en la Región, garantizando el vínculo orgánico entre la autonomía y la unidad nacional
*IV- La organización judicial y los mecanismos de control constitucional*
– Decimosexto, el orden jurisdiccional regional incluye los tribunales de primera instancia y de apelación competentes para aplicar las leyes regionales, fallando en nombre del Rey
– Decimoséptimo, un Tribunal Regional Superior tiene jurisdicción final sobre las disputas relacionadas con el derecho regional, sujeto a revisión constitucional nacional
– Decimoctavo, un mecanismo formalizado para resolver conflictos de jurisdicción prevé una fase preliminar obligatoria de consulta en el seno de una comisión mixta estatal-regional antes de cualquier remisión al tribunal constitucional
– Decimonoveno, un mecanismo de revisión constitucional permite al gobierno central o a un número determinado de parlamentarios nacionales remitir un conflicto normativo a la Corte Suprema
*V- Los sistemas financiero, fiscal y económico*
– Vigésimo, la tributación regional se basa en un sistema de recursos propios que incluye impuestos territoriales definidos, regalías por la explotación de recursos naturales y una parte predeterminada de los ingresos nacionales generados en el territorio
– Vigésimo primero, se establece un mecanismo de disciplina presupuestaria y coordinación macroeconómica con el fin de evitar cualquier deriva deficitaria
– Vigésimo segundo, un mecanismo presupuestario de solidaridad nacional garantiza que la Región contribuya al presupuesto del Estado beneficiándose al mismo tiempo de un fondo de equilibrio, bajo el control del Tribunal de Cuentas
– Vigésimo tercero, un régimen territorial específico protege las tierras colectivas y enmarca legalmente las concesiones mineras, los proyectos energéticos y las inversiones estratégicas
– Vigésimo cuarto, las inversiones extranjeras están sujetas a un doble control regional y nacional, que implica una autorización acumulativa de las autoridades competentes de la Región Autónoma y de los órganos centrales del Estado, con el fin de garantizar la conformidad de los proyectos con las orientaciones estratégicas nacionales, los imperativos de seguridad económica y los equilibrios territoriales (este punto fue objeto de la oposición explícita de Argelia durante las negociaciones, que desea beneficiarse de un acceso económico más directo al territorio autónomo, mientras que Marruecos mantiene firmemente el principio del control acumulativo regional y nacional de las inversiones extranjeras, considerando que la soberanía económica y la seguridad estratégica no pueden ser objeto de ninguna dilución)
*VI- Política de Reconciliación, Retorno de Poblaciones y Mecanismos de Transición*
– Vigésimo quinto: Disposiciones específicas regulan la participación de las personas de los campamentos de Tinduf, incluyendo el registro, el empadronamiento y la elegibilidad
– Vigésimo sexto: Se establece un comité permanente para organizar el retorno de los saharauis, con facultades para verificar la identidad y controlar estrictamente la filiación
– Vigésimo séptimo: Este comité cuenta con procedimientos contradictorios, un sistema de apelación y mecanismos de trazabilidad documental
– Vigésimo octavo: Un mecanismo de transición organiza el desarme, la desmovilización y la reintegración, acompañado de una amnistía regulada que excluye los crímenes de derecho internacional
*VII- Validación democrática e integración constitucional*
– Vigésimo noveno, el estatuto de autonomía será sometido a referéndum nacional en el que participará todo el electorado marroquí
– Trigésimo, el texto prevé su integración en la Constitución insertando un título específico acompañado de una cláusula de inviolabilidad
– Trigésimo primero, cualquier revisión ulterior del estatuto estará sujeta a un procedimiento reforzado que requiere una mayoría cualificada en el Parlamento regional y nacional
– Trigésimo segundo, la activación del estatuto está vinculada a una regionalización nacional avanzada con el fin de evitar cualquier ruptura de la igualdad territorial
*VIII- Identidad, símbolos y garantías de la soberanía*
– Trigésimo tercero, los símbolos nacionales (bandera, himno, lema y moneda) siguen siendo responsabilidad exclusiva del Estado
– Trigésimo cuarto, la identidad hassani se reconoce como un componente integral del patrimonio marroquí y está protegida institucionalmente
– Trigésimo quinto, se crea un instituto regional dedicado a la cultura hassani para garantizar su promoción
– Trigésimo sexto, las fuerzas de seguridad territorial se limitan a poderes de policía administrativa y judicial local bajo coordinación nacional.
– Trigésimo séptimo, no se permite la diplomacia paralela, la cooperación internacional regional se realiza en consulta con el Estado
– Trigésimo octavo, el reconocimiento internacional del estatuto no da lugar a ninguna tutela externa permanente
– Trigésimo noveno, se prevé un calendario de implantación por fases con una fase de transición administrativa
*IX- Implementación, seguimiento y consolidación del estatuto de autonomía*
– Cuadragésimo, un mecanismo de evaluación periódica de cinco años permite examinar el funcionamiento del estatuto
– Cuadragésimo primero, una cláusula de irreversibilidad territorial excluye cualquier interpretación a favor de un derecho de secesión
– Cuadragésimo segundo, la Región participa en la estrategia atlántica y africana del Reino en un marco coordinado
En definitiva, el modelo institucional propuesto no surgió de la nada
En la práctica, sigue los pasos de los regímenes de autonomía más exitosos del mundo, en particular los desarrollados en España y Groenlandia, de los que toma prestadas técnicas de distribución de competencias, responsabilidades gubernamentales regionales y gestión regulada de recursos, adaptándolas rigurosamente al marco Constitucional Marroquí y al carácter unitario del Estado
Por lo tanto, no se trata de una transposición ni de un préstamo, sino de una apropiación calibrada de mecanismos probados, ajustados a los equilibrios jurídicos y políticos del Reino
Desde un punto de vista constitucional y teórico, la arquitectura elegida se inspira en la tradición francesa, tanto en su integración en el derecho constitucional como en su método para consagrar un acuerdo político con un valor normativo superior, similar al enfoque empleado para el Acuerdo de Numea, (Nueva Caledonia). El estatuto de autonomía se concibe como un compromiso estructurante, integrado en la cima de la jerarquía normativa y garantizado por la propia Constitución
Es un enfoque perspicaz. Tomar lo que funciona en otros lugares, anclarlo firmemente en nuestra Constitución y hacer que perdure sin afectar jamás la Soberanía
(Nota: el documento de 40 páginas que se debate actualmente aún no es público porque aún está en evolución. Varias disposiciones están sujetas a arbitraje)
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