Los partidos que apoyan al Frente Polisario están aprovechando los incidentes en los que las Autoridades Marroquíes impidieron la entrada a las provincias del sur del Reino a periodistas y activistas leales al movimiento separatista para lanzar campañas mediáticas destinadas a distorsionar la imagen internacional de Marruecos y crear un clima de sospecha respecto a las políticas marroquíes en el Sáhara.
Estos partidos intentan convertir el debate en una cuestión de derechos humanos, utilizándolo como palanca contra el Reino para socavar la creciente dinámica política en torno a la cuestión del Sáhara.
Interesados en derechos humanos y asuntos internacionales, en declaraciones a los medios, confirman que estas campañas forman parte de una estrategia sistemática que intenta explotar las decisiones soberanas de Marruecos para impedir la entrada a su territorio de personas con agendas políticas hostiles.
Esta estrategia pretende influir en la opinión pública mundial y presionar a las organizaciones internacionales de derechos humanos para que adopten ciertas posturas respecto a Rabat. Esto favorece la agenda separatista en el Sáhara y satisface las ambiciones de los líderes del Polisario y, tras ellos, de los oficiales que gobiernan Argelia.
Al respecto, Ramadan Masoud, presidente de la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos en Madrid, declaró: «Un grupo de personas que apoyan la propuesta separatista en el Sáhara intenta entrar en las provincias del sur de Marruecos haciéndose pasar por turistas, activistas de derechos humanos o periodistas, con el fin de provocar y chantajear a Marruecos e incitar al malestar social al servicio de una agenda política conocida y expuesta».
En declaraciones a la prensa, Masoud añadió que «las Autoridades Marroquíes tienen pleno derecho a regular la entrada de extranjeros a su territorio.
Por lo tanto, la deportación de estos activistas o periodistas es una decisión soberana sujeta a la discreción de las autoridades». Enfatizó que «muchos países, no solo Marruecos, impiden la entrada a su territorio nacional a personas si las consideran una amenaza para su seguridad o sirvientes de una agenda contraria a sus principios nacionales».
El mismo activista de derechos humanos enfatizó que «Marruecos expulsó a varios activistas y periodistas españoles de las provincias del sur del Reino, pero las autoridades españolas nunca protestaron por esta decisión porque conocen perfectamente la naturaleza de la agenda y las preocupaciones de estas personas, que solo buscan generar confusión mediática y política para explotarla y dañar la imagen de Marruecos en materia de derechos humanos y promover acusaciones de represión contra activistas por parte del Reino. Por cierto, algunos de ellos trabajan actualmente en el Sáhara y expresan abiertamente su hostilidad hacia la integridad territorial del Reino. Sin embargo, no sufren ningún tipo de acoso, contrariamente a lo que afirman los partidarios del Polisario».
Por su parte, Mohamed Atif, profesor de relaciones internacionales y derecho internacional en la Universidad Chouaib Doukkali de El Yadida, declaró: «Lo que resulta notable es que existen fuertes indicios de que los frecuentes incidentes de ingreso de activistas y periodistas conocidos por su apoyo a la tesis separatista no son espontáneos, sino que forman parte de una estrategia deliberada destinada a poner a Marruecos en una situación incómoda a nivel internacional». Añadió, explicando que «estas acciones se basan en provocar a las Autoridades Marroquíes para que emitan prohibiciones o deportaciones, y luego explotar esto en los medios de comunicación y en el ámbito político para presentar a Marruecos como un Estado que viola la libertad de expresión y los derechos fundamentales». Consideró que este enfoque «forma parte de la guerra mediática librada por quienes se oponen a la integridad territorial, mediante la cual los informes de estos periodistas y activistas se utilizan en campañas de propaganda dirigidas a la opinión pública internacional y a las organizaciones de derechos humanos, en particular durante períodos de intenso debate sobre la cuestión del Sáhara Marroquí en el Consejo de Seguridad o la publicación de informes de la ONU, lo que pone de relieve la naturaleza sistemática de estos intentos».
La misma fuente destacó, la importancia de “esclarecer la verdad sobre estos intentos desesperados.
Desde una perspectiva legal, Marruecos ejerce su legítimo derecho soberano de vigilar sus fronteras e impedir la entrada de cualquier persona sospechosa de tener intenciones o antecedentes que puedan representar una amenaza para la seguridad pública o dañar la imagen del país. Este derecho está garantizado por el propio derecho internacional, que reconoce que cada Estado tiene la libertad de determinar las condiciones para la entrada de extranjeros a su territorio, siempre que se haga de conformidad con sus leyes nacionales y sin discriminación arbitraria.
La expulsión o el impedimento de extranjeros que participen en actividades políticas o mediáticas de carácter sedicioso que contradigan los principios de la soberanía nacional se considera una medida de precaución para proteger la seguridad nacional”.
El mismo profesor universitario enfatizó que «los motivos de estos periodistas y activistas varían entre quienes buscan rédito político o económico alineándose con el Polisario y sus simpatizantes, y quienes tienen convicciones ideológicas hostiles a la integridad territorial.
En ocasiones son explotados como herramientas dentro de una agenda geopolítica más amplia destinada a debilitar la posición de Marruecos en los foros internacionales.
Por lo tanto, la afirmación de que su deportación o prohibición es incompatible con el derecho internacional es incorrecta. La libertad de movimiento que reclaman no implica necesariamente el derecho a entrar en el territorio de un Estado soberano sin su consentimiento, y sus actividades a menudo trascienden el ámbito del periodismo profesional para incluir la propaganda secesionista
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