Reunida el 28 de enero, la Asociación Nacional de Medios de Comunicación y Editores (ANME) pidió el jueves 20 de enero que se revelaran los contornos que rodean la distribución de los recursos públicos asignados a las empresas de prensa durante dos décadas. “La ANME, por la continuidad de su acción y por la constancia de sus posiciones, ha preservado al sector de la prensa de una extinción anunciada, permitiéndole atravesar la prueba existencial nacida de la crisis sanitaria de Covid-19, cuyas huellas, tanto profesionales como materiales, siguen siendo sensibles hoy”, se lee en un comunicado hecho público
La ANME añadió que esta obra se basaba en una reflexión global, que abarcaba “la cuestión de los recursos humanos, la de las condiciones del ejercicio diario de la profesión, la de la formación y, por último, la de la arquitectura misma de la regulación profesional”, una reflexión ordenada a la preservación de la autonomía moral y económica de las empresas mediáticas
De la publicidad de las ayudas públicas y de la responsabilidad de los beneficiarios
La cuestión del apoyo público concedido a las empresas de prensa ha dado lugar a largos intercambios. Según la ANME, el organismo ha examinado varias hipótesis, entre las que se encuentra la remisión al Tribunal de Cuentas (CC), con el fin de obtener la publicación exhaustiva de la lista de beneficiarios de las ayudas pagadas entre 2005 y 2025, la identificación de sus destinatarios efectivos y el examen del uso al que se sometieron estos fondos. Según la ANME, es importante saber “quién ha recibido estos recursos, con qué finalidad se han utilizado y qué efectos han producido en los órganos afectados
El comunicado también especifica que este requisito procede de un principio superior de probidad pública, ya que la ANME considera que “la claridad, para ser digna de ese nombre, no puede ser fragmentaria ni diferida, sino que requiere el conocimiento exacto de los beneficiarios reales del apoyo público y del uso que se ha hecho de ella”, añadiendo que “cualquier apreciación seria de la economía de la prensa permanece privada de fundamento mientras estos elementos no se hagan accesibles
Del Consejo Nacional de Prensa y de la dignidad del debate público
Abordando el ámbito normativo, la ANME repasa la reciente decisión del Tribunal Constitucional relativa a determinadas disposiciones de la ley que organiza el Consejo Nacional de Prensa (CNP). La ANME “no se considera ni como beneficiaria ni como perjudicada, sino como un actor vinculado al interés general de la profesión”, precisando que “la decisión no ha afectado a los principios esenciales defendidos por la ANME, en particular los relativos a la representación y participación profesional”. Sin embargo, se observa que los efectos prácticos de esta decisión podrían retrasar la renovación de los órganos del CNP hasta la sesión parlamentaria de abril de 2026, dejando pendientes varios expedientes relativos a las tarjetas profesionales y al trabajo de las comisiones especializadas
Por último, la ANME informa de la emoción y la reprobación generadas, dentro de sus filas, por las declaraciones del líder de un partido político (en este caso Mohammed Ouzzine (Movimiento Popular, MP, oposición) durante una sesión pública de la Cámara de Representantes, retransmitida por los medios audiovisuales. El comunicado indica que estas declaraciones “atentan contra la debida consideración a los miembros de la ANME y a su presidente”, al tiempo que subraya que “la ANME se niega a prestarse a polémicas cuyo objetivo sería la agitación artificial de la opinión o la explotación electoral de un expediente que pertenece únicamente a la orden profesional”. Por último, recuerda que se concibe a sí mismo como “un componente independiente del debate público, distinto de las formaciones partidistas, y comprometido con una relación de complementariedad con la vida política e institucional
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