Existe una paradoja histórica y política que merece ser planteada claramente a España: ¿cómo se transforma un antiguo acontecimiento colonial en un derecho permanente, mientras se espera que los pueblos indígenas lo acepten como un destino inevitable?
¿Y cómo es posible que la ocupación, cuando se prolonga, adquiera mayor legitimidad en el discurso político que el derecho histórico que la precedió?
Cuando Tariq ibn Ziyad llegó a Andalucía en 711, la España moderna no existía como Estado-nación en el sentido que entendemos hoy.
La península ibérica era un espacio político fragmentado, gobernado por el Reino Visigodo y desgarrado por conflictos internos y alianzas locales.
La presencia islámica marroquí logró unir los diversos elementos del sur de España, que rápidamente se convirtieron en una autoridad islámica cuya influencia se extendió por la mayor parte de la península y, posteriormente, por partes del sur de Francia. En consecuencia, la presencia marroquí en Andalucía se consolidó durante siglos, entrelazándose con su historia política, arquitectónica y cultural, hasta el punto de que hoy resulta imposible escribir la historia de la región sin reconocer esta presencia marroquí en Andalucía.
Tras siglos de historia, estados, reinos, dinastías y sociedades se sucedieron, y las fronteras y el equilibrio de poder se modificaron a lo largo de los siglos. Surgieron reinos cristianos en el norte que se expandieron gradualmente a expensas de los reinos islámicos. Posteriormente, estallaron guerras entre ambos bandos, que se prolongaron durante siglos y culminaron con la caída de Granada en 1492.
Esto dejó una profunda huella en la lengua, la arquitectura, la filosofía, la ciencia y las artes, como lo demuestra el paisaje urbano y arqueológico actual.
Este legado no puede borrarse cambiando fronteras, reescribiendo la memoria oficial ni inventando «leyes» que se adapten a la situación actual, leyes que ignoran la lógica de la geografía y la historia.
Desde esta perspectiva, invocar la historia marroquí en el debate sobre las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla no debería convertirse en un ejercicio de nostalgia por la gloria andaluza, sino en un argumento jurídico contra la voluntad de la hegemonía española, una voluntad arraigada en una lógica colonial que no puede ignorarse.
Ceuta y Melilla estuvieron bajo dominio colonial español en diferentes periodos históricos, y la presencia española en ellas persistió incluso después del fin del colonialismo en la mayor parte de África.
Ambas ciudades quedaron al margen del proceso de liberación, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento de la ocupación.
La paradoja se hace aún más evidente al observar que España exige la devolución de Gibraltar a Gran Bretaña, basándose en consideraciones históricas y de soberanía, mientras se niega a debatir el estatus de las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla, utilizando la misma lógica: ¡como si la historia fuera permisible en Gibraltar pero prohibida en Ceuta y Melilla!
No se trata de negar la realidad jurídica existente ni de ignorar las complejidades de las fronteras internacionales, sino de plantear una pregunta sencilla:
¿Puede un Estado exigir la devolución de un territorio que considera ocupado y luego negarse a debatir demandas similares cuando se trata de otro territorio?
Desde esta perspectiva, planteamos la siguiente pregunta:
Si España considera Gibraltar una cuestión colonial sin resolver, ¿qué exime a Ceuta y Melilla de esta definición?
Es este doble rasero lo que confiere sensibilidad a este asunto. España no solo se aferra a su soberanía sobre las dos ciudades, sino que a veces presenta esta defensa como una justificación de su propia soberanía e integridad territorial. Es como si la reivindicación marroquí sobre estas ciudades quedara fuera del alcance de cualquier negociación política postergada, a pesar de que Marruecos nunca ha renunciado a su posición histórica sobre la ocupación de estas dos ciudades, intrínsecamente ligadas a su historia, geografía, memoria colectiva e identidad mediterránea.
Por lo tanto, si España desea presentarse como un Estado europeo moderno que respeta el derecho internacional y defiende los derechos de los pueblos, debe comprender que la legitimidad de las fronteras no se mide únicamente por el tiempo que han estado controladas.
Existe una diferencia entre una realidad impuesta por la fuerza y la ocupación, y un derecho histórico que permanece presente en la memoria y la política. Además, respetar el derecho internacional exige abordar las reivindicaciones contrapuestas con los mismos criterios, sin aplicar un criterio diferente para Gibraltar y otro para las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla.
En cuanto a la cuestión migratoria, se ha convertido en uno de los puntos más tensos de las relaciones marroquí-españolas en los últimos años.
Los españoles ignoran deliberadamente que la mayor comunidad extranjera en su país, con más de un millón de personas, es la marroquí. ¿Quién sabe cuál será el precio de su reacción si los insultos dirigidos a su país se convierten en manifestaciones en defensa de la identidad marroquí de Ceuta y Melilla?
España ha cometido cuatro errores imperdonables y fatales, con nefastas consecuencias tanto para España como para Europa, y pretende que Marruecos pague las consecuencias adoptando las siguientes medidas:
Primero: Regularizar la situación de más de 500.000 inmigrantes indocumentados, mientras que las estadísticas gubernamentales indican la presencia de tan solo entre 80.000 y 100.000 inmigrantes irregulares.
Segundo: Negarse a devolver a los menores que lograron infiltrarse en las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla, a pesar de las urgentes demandas de Marruecos. Curiosamente, el 95% de ellos son considerados menores de edad por las autoridades españolas, ¡dado que el más joven tiene treinta y tantos años!
Tercero: Negativa a devolver a los migrantes irregulares que llegaron a territorio español nadando, basándose en una decisión judicial emitida por un juez fuera de la jurisdicción del tribunal.
Cuarto: Negativa a devolver a las mujeres, independientemente de su edad.
La experiencia ha demostrado que la migración irregular es un fenómeno complejo, vinculado a la pobreza, los desequilibrios económicos, las redes de tráfico de personas y las propias políticas europeas.
Por lo tanto, reducirla a la responsabilidad de Marruecos, o tratarlo como guardián permanente de las fronteras europeas, no ofrece una solución sostenible.
Marruecos no es el guardián de las fronteras de Europa, ni se le puede exigir que aborde por sí solo las consecuencias de políticas internacionales y regionales complejas. Marruecos tiene derecho a exigir cooperación basada en la igualdad, el respeto a la soberanía y compromisos mutuos claros.
También tiene derecho a negarse a permitir que las cuestiones migratorias se conviertan en un instrumento de presión política o se utilicen para justificar una retórica hostil y racista contra los marroquíes residentes en España.
La comunidad marroquí que reside allí forma parte del tejido social y económico del país, contribuye al mercado laboral y a la vida cotidiana, y no debe ser tratada como una amenaza potencial cuando aumentan las tensiones políticas
Si hay algún resultado positivo de los sucesos en la Ceuta ocupada en julio de 2026, es que expusieron la hipocresía y el racismo del pueblo español, incluyendo a la derecha, la ultraderecha, la izquierda y la extrema izquierda, y a sus seguidores en los medios de comunicación españoles, que alimentan la hostilidad y el odio hacia Marruecos y los marroquíes.
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