La Sala Penal de la Audiencia Nacional Española confirmó la clasificación de la investigación sobre la intrusión en los teléfonos del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y de tres miembros de su gabinete (Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Luis Planas) mediante el software espía Pegasus, consagrando la imposibilidad de identificar a los responsables en ausencia de cooperación de las autoridades israelíes
Al aprobar la decisión dictada el 22 de enero por el juez de instrucción José Luis Calama, el tribunal señaló que las comisiones rogatorias dirigidas a Israel, que permanecieron sin respuesta a pesar de su repetición, privaron a la investigación de cualquier avance decisivo
Los magistrados consideraron que el cierre del expediente no procedía de ninguna precipitación, juzgando que no se trata “ni de un cierre prematuro, sino de una suspensión dictada por la ausencia de un autor identificado y por la inexistencia de actos de investigación útiles aún por realizar
Subrayaron el carácter reversible de esta decisión, especificando que el procedimiento podría reactivarse sin demora en caso de evolución tangible, ya sea por las investigaciones realizadas por la justicia francesa o por un cambio de actitud de las autoridades israelíes, evocando una posible recuperación “en caso de avance de las investigaciones en Francia o de desbloqueo de la cooperación israelí
Remitido por la asociación Hazte Oír, que denunció una violación del derecho a una protección judicial efectiva y exigió la continuación de las investigaciones, la sala penal rechazó esta solicitud, considerando que todas las vías de ayuda judicial mutua habían sido plenamente movilizadas
El juez rechaza cualquier interferencia del ejecutivo y constata los límites de los peritajes
Los magistrados descartaron cualquier solicitud de intervención del gobierno español ante Israel, considerando tal enfoque “ajeno a la función judicial y carente de necesidad”, recordando que el ejecutivo sigue siendo el único competente para determinar la oportunidad de una acción diplomática según parámetros distintos de los de la justicia. Añadieron que tal solicitud equivaldría a “introducir en un procedimiento judicial consideraciones políticas que excedan la competencia de este tribunal
En el ámbito técnico, el tribunal señaló que los peritajes realizados, en particular por el Centro Criptológico Nacional (CCN), dependientes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), no permitieron atribuir los hechos a una entidad determinada. Observó que no existe “ninguna base técnica suficiente para imputar los hechos a una persona identificada, más allá de las simples concordancias estructurales”, subrayando que la ausencia persistente de respuesta israelí no puede conducir a mantener indefinidamente un procedimiento abierto
La sala penal también se negó a ordenar un peritaje alternativo, considerando que no corresponde al tribunal sustituir a los organismos estatales encargados de la seguridad nacional, al tiempo que señala que tal informe se encontraría con los mismos límites por falta de cooperación internacional
Por último, descartó cualquier dependencia de las investigaciones francesas, juzgando que esperar sus resultados equivaldría a prolongar indefinidamente el procedimiento sin fundamento tangible, cada investigación respondiendo a sus propios fines
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