Una fuente del Gobierno Marroquí confirmó hoy en Rabat que un juez español no puede socavar el sistema de lucha contra la migración irregular y luego exigir que el Reino de Marruecos asuma las consecuencias.
La misma fuente explicó que «la barrera a la migración no se ha derrumbado por culpa de los traficantes, sino como resultado de una decisión judicial española», y añadió que «Marruecos, por su parte, nunca ha incumplido» sus obligaciones y responsabilidades.
En este contexto, la fuente señaló que un juez español dictaminó el 8 de julio que la llegada de migrantes irregulares por mar excluye la deportación automática, «una medida que constituye la piedra angular de nuestro sistema de disuasión».
La misma fuente explicó que, en vista de las redes de tráfico de personas y de quienes buscan la migración irregular, la decisión del juez «simplemente otorga inmunidad a la llegada ilegal por mar».
Lamentó que el elemento disuasorio del sistema se hubiera derrumbado y la barrera hubiera caído como consecuencia de esta decisión, y no por la presión de los delincuentes.
Asimismo, señaló que esta sentencia «era conocida por las autoridades españolas y no podían ignorar que debilitaba todo el sistema», preguntando: «¿Acaso alguien informó a Marruecos para que pudiera prepararse? No. ¿Y acaso alguien anticipó las consecuencias, que, sin embargo, eran muy previsibles? ¡No!».
Añadió que «en estas circunstancias, no sorprende que estas redes aprovecharan esta oportunidad».
La fuente concluyó que el punto de inflexión reside en la discrepancia entre el factor desencadenante (la decisión del juez) y la reacción tardía
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