Por Mohammed Jaabouk
Las autoridades marroquíes expulsaron, el sábado 3 de junio en Laâyoune, a las dos abogadas españolas Inés Miranda y Lola Travieso, de la “Asociación Internacional de Juristas para el Sáhara Occidental”. En Laâyoune, las dos mujeres planeaban reunirse con miembros de ONG pro-Polisario y preguntar en el lugar sobre la situación de los derechos humanos. La misión fue abortada, ya que a los dos penalistas se les prohibió bajar del avión. De este modo, volvieron a las Islas Canarias.
Miranda afirmó, en declaraciones a EFE, que habían informado del proyecto de su visita a Laâyoune al ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, así como a la presidencia del gobierno español. Y agregar que ahora exigen al gobierno de Pedro Sánchez que se pronuncie sobre la actitud de Marruecos hacia los observadores de derechos humanos que desean rendirse a lo que llamó la “antigua colonia española”, en sus propias palabras.
Como recordatorio, la abogada Miranda, una antigua concejal del Partido Nueva Canaria, había acusado a los miembros del Movimiento Saharaui por la Paz (MSP), una organización disidente del Polisario, de trabajar para los servicios de inteligencia de Marruecos.
Las autoridades marroquíes en Laâyoune expulsaron, el pasado 15 de mayo, al italiano Roberto Cantoni, investigador de la Universidad de Barcelona que “quería investigar las consecuencias de las instalaciones de energía renovable” en la población local de la región. El 18 de abril, la misma medida se dirigió a Elise Taullet, abogada francesa de los detenidos del grupo Gdim Izik.
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