El gobierno español “asignará 500.000 euros adicionales en 2024 para satisfacer las necesidades de los secuestrados saharauis que viven en los campamentos de Tindouf, Argelia, con lo que eleva el total a 12,1 millones de euros, confirmando así su condición de principal donante”, dijo el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Antón Leitón, durante su intervención ante la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso.
Según Madrid, la situación de las poblaciones que viven en los campamentos es “catastrófica”.
Según la misma fuente, en 2023, “se asignaron 11,6 millones de euros, y este año creemos que esta cantidad podría aumentar en 500.000 euros, alcanzando así los 12,1 millones de euros”.
España, se afirmó, “se encuentra por encima de la Unión Europea, que aporta nueve millones de euros. También precisó que el 50% de los fondos se destinan a la asistencia alimentaria, la principal prioridad en este contexto”.
Madrid está “alarmado” por el claro deterioro de la situación humanitaria en los campamentos de Tindouf, “donde el 81% de la población depende de la ayuda humanitaria y donde se han reducido las raciones de alimentos”.
El desvío de la ayuda alimentaria en Tindouf es a menudo el centro de controversias sobre la distribución y el uso de la ayuda humanitaria internacional.
En Los campamentos de secuestrados, abandonados por Argel, dependen en gran medida de la asistencia prestada por organizaciones internacionales como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y ONG. Según los informes del PMA, se necesitan unos 6,8 millones de dólares al año para satisfacer las necesidades alimentarias de la población saharaui en los campamentos.
Sin embargo, las acusaciones de malversación y mala gestión de los fondos han sido recurrentes, con una investigación oficial en 2021 que reveló que solo el 40% de la ayuda humanitaria realmente llegaba a los beneficiarios.
Un informe de la ONG Human Rights Watch de 2020 indicó que los alimentos se revendían en el mercado negro, y los testimonios de secuestrados sugirieron que cierta ayuda se redirigía a las élites dentro de los campamentos en detrimento de las poblaciones más vulnerables.
Las acusaciones de malversación de servenso a menudo involucran al Frente Polisario, que controla la distribución de la ayuda.
En 2015, una encuesta realizada por la Unión Europea reveló anomalías en la gestión de la ayuda, y un informe de la Inspección General de Asuntos Sociales en 2016 estimó que alrededor del 50% de los alimentos distribuidos eran susceptibles de ser malversados o mal utilizados.
Ante estas realidades, países donantes como España y Francia han expresado su preocupación. En 2019, España suspendió parte de su ayuda, pidiendo una mayor transparencia en la distribución.
La Comisión Europea también insistió en la necesidad de reformas en la gestión de la ayuda. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), casi el 22% de los niños de estos campamentos sufren de desnutrición crónica, lo que afecta a su desarrollo físico y mental
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