La investigación publicada por el periódico español “El Objetivo” sobre los recientes sucesos en Ceuta merece una lectura atenta, no solo por las preguntas que plantea sobre la gestión de la inmigración, sino principalmente por cómo transita de la descripción de un complejo incidente fronterizo a la construcción de una narrativa política que, en última instancia, sitúa a Fouad Ali El Himma en el centro de los acontecimientos.
Dada la naturaleza de la acusación y la posición de este hombre dentro de la estructura estatal marroquí, tal conclusión no puede considerarse una mera observación periodística; exige que revisemos los hechos y los separemos de las interpretaciones en las que se basan.
Quizás el enfoque adecuado para abordar este tema sea plantear una pregunta sencilla pero crucial: ¿Qué prueba, directa o indirectamente, hay de que Fouad Ali El Himma tomó una decisión sobre los recientes sucesos en Ceuta o dirigió su ejecución?
El hecho de que un hombre sea una figura prominente con estrechos vínculos con los círculos de poder no responde a esta pregunta. De igual modo, su conocimiento de archivos estratégicos o su participación en crisis pasadas no lo convierten automáticamente en el responsable de la toma de decisiones en cada crisis posterior.
Es precisamente aquí donde debe distinguirse entre influencia y responsabilidad, y entre la capacidad de influir y la capacidad de demostrar el ejercicio de esa influencia en un caso concreto.
Esta distinción cobra aún mayor importancia si evitamos un error similar: suponer que la ausencia de pruebas que impliquen a un individuo en particular significa necesariamente que los hechos fueron espontáneos o desorganizados. Incluso si se demuestra que lo ocurrido fue resultado de una movilización organizada, esto por sí solo no responde a la pregunta de quién la organizó, quién la facilitó o quién tomó la decisión política al respecto. Existen diferentes niveles de prueba: probar la existencia de una movilización organizada, luego probar la negligencia deliberada en materia de seguridad, luego probar la emisión de una decisión política, luego atribuirla al Estado marroquí y, finalmente, atribuirla personalmente a Fouad Ali El Himma. Entre cada nivel existe una distancia que requiere más pruebas.
Esta distinción cobra aún mayor importancia cuando situamos los hechos en su contexto cronológico.
El aumento repentino que alcanzó su punto máximo a finales de julio no surgió de la nada, ni comenzó el día en que el número de llegadas a Ceuta,alcanzó niveles sin precedentes. Previamente, se habían producido repetidos intentos de cruzar a nado y un incremento gradual en el número de llegadas.
El 27 de julio, el diario El País informó que más de mil migrantes habían llegado a Ceuta en una sola semana, lo que llevó a las autoridades locales a declarar la situación de emergencia debido a la creciente presión sobre la ciudad y sus centros de acogida.
Apenas dos días después, la situación se volvió aún más clara.
La agencia de noticias española EFE informó que más de 1.500 personas habían entrado en Ceuta a nado en poco más de una semana, mientras que el centro de acogida temporal para migrantes tenía una capacidad de tan solo 512 camas.
Al mismo tiempo, más de 400 personas esperaban fuera del centro, que ya estaba a plena capacidad.
Estas cifras, por sí solas, revelan la magnitud de la crisis, pero no revelan quién tomó la decisión de crearla, ni son suficientes por sí solas para demostrar que lo sucedido fue simplemente un movimiento espontáneo. Demuestran la magnitud del fenómeno, pero no determinan su naturaleza organizativa ni la entidad que lo origina.
En este contexto, no se puede pasar por alto el desarrollo legal que precedió al aumento de los cruces.
El Tribunal Supremo de España dictó sentencia el 8 de julio sobre la no devolución de las personas interceptadas en el mar, del mismo modo que de quienes cruzan las barreras fronterizas terrestres.
El diario El País aclaró que la sentencia no autoriza la devolución inmediata de quienes llegan a Ceuta nadando, ya que este caso no se ajusta a las mismas condiciones que el cruce de barreras fronterizas terrestres.
De ahí la importancia de este factor para comprender los acontecimientos.
La decisión judicial española precedió al punto álgido de la crisis y, sin duda, influyó en los cálculos de los migrantes y las redes de trata de personas, o al menos en la evaluación de riesgos de quienes contemplaban el cruce. Esto no significa que la sentencia por sí sola explique lo sucedido, pero ignorarla al buscar las causas de la crisis y acusar inmediatamente a una figura marroquí concreta limita el alcance del análisis en lugar de ampliarlo.
De hecho, el periódico marroquí en inglés “Morocco World News” informó el 29 de julio que el portavoz del gobierno de Ceuta consideraba que la reciente sentencia del Tribunal Supremo español había contribuido a la nueva situación.
Este es un punto significativo, ya que no se deriva de una interpretación marroquí del suceso, sino del propio contexto español.
Posteriormente, surgieron las cifras, confirmando que lo ocurrido no fue un movimiento aislado que pudiera explicarse por una sola decisión.
El 30 de julio, la agencia de noticias española EFE informó que más de 800 migrantes marroquíes y argelinos intentaron llegar a Ceuta a nado en un solo día, y que la mayoría fueron interceptados por embarcaciones marroquíes. Equipos de rescate españoles y la Guardia Civil ayudaron a rescatar a más de 300 personas. La agencia también informó que Marruecos desplegó hasta tres unidades navales para colaborar en la gestión de la situación.
Esta realidad sobre el terreno plantea una cuestión que no puede ignorarse. Si la narrativa se basa en una decisión del gobierno central marroquí destinada a impulsar una oleada de personas hacia Ceuta, entonces las pruebas que demuestran la intervención de las autoridades marroquíes para interceptar los intentos de cruce y rescatar personas deben explicarse dentro de esta narrativa.
No afirmo que estos hechos por sí solos nieguen cualquier motivación política; esa es una conclusión que no se puede extraer de ellos. Más bien, afirmo que su existencia hace inaceptable pasar directamente de una hipótesis política a acusar a una persona específica sin pruebas reales.
De hecho, los datos de la propia España sitúan la crisis en un contexto más amplio. EFE indicó que la entrada irregular a Ceuta y Melilla a través de la frontera terrestre había aumentado un 140% hasta el 15 de julio en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando los 2.991 casos, 2.826 de los cuales se registraron en Ceuta, lo que supone un aumento del 149,4% con respecto a 2025.
Estas cifras no prueban la existencia de una razón política específica, pero sí sugieren Un punto importante: la presión sobre las rutas que conducen a Ceuta no fue un hecho aislado surgido a finales de julio, sino que se produjo en el contexto de un aumento generalizado de los intentos de cruce. Por lo tanto, para interpretar la crisis es necesario examinar el propio movimiento migratorio, sus redes y el marco legal circundante antes de recurrir a la hipótesis de una responsabilidad política directa.
Esto pone de relieve uno de los obstáculos fundamentales en la construcción de la narrativa del periódico español: la confusión entre el Estado y el individuo, la institución y la figura influyente, y la toma de decisiones soberana con las decisiones individuales. El Estado marroquí, con sus instituciones y centros de decisión, no es una sola persona. Además, el consejero Real, independientemente de su cargo, no se convierte automáticamente en la fuente de todas las decisiones del Estado ni de todas las crisis que se producen dentro de sus fronteras.
En el caso de Fouad Ali El Himma, esta distinción cobra aún mayor relevancia, ya que su posición en la Casa Real implica que cualquier acusación directa en su contra conlleva implicaciones que trascienden su vida personal y afectan a la propia naturaleza de la toma de decisiones en los niveles más altos del Estado.
Sin embargo, invocar los sucesos de 2021 para explicar lo ocurrido en 2026 requiere una considerable cautela.
Sin duda, la crisis de Ceuta de mayo de 2021 fue una de las más delicadas en las relaciones marroquí-españolas, y el nombre de Fouad Ali El Himma apareció en informes españoles que analizaban la naturaleza de la decisión marroquí en aquel momento. No obstante, la existencia de un relato sobre su papel en una crisis anterior no lo convierte en prueba de una posterior. Los años que separan ambos sucesos presentan contextos políticos, diplomáticos y de seguridad diferentes.
El principio es sencillo: el precedente explica el contexto, pero no prueba la repetición. Si el relato español pretende probar que el mismo papel se repitió en 2026, debe aportar pruebas específicas que vinculen a El Himma con el nuevo incidente. Invocar 2021 como prueba suficiente convierte la historia en sustituto de la prueba, lo cual es incompatible con la naturaleza de la acusación en su contra.
Lo mismo se aplica al debate en torno a la relación de Fouad Ali El Himma con Aziz Akhannouch.
La afirmación de que la crisis de Ceuta formó parte de una lucha política destinada a debilitar al jefe de gobierno no es un mero detalle de la investigación, sino el núcleo de una narrativa política completa.
Por lo tanto, requiere pruebas concretas. La existencia de rivalidad política dentro de un país no implica necesariamente que toda crisis que ocurra en el extranjero sea un instrumento de dicha rivalidad.
Además, las próximas elecciones legislativas no son suficientes para demostrar la existencia de una decisión política en este sentido.
De hecho, esta afirmación implica dos niveles distintos que no deben confundirse: -probar la existencia de una decisión política detrás de los hechos y – -probar el objetivo político con el que supuestamente se tomó dicha decisión. Incluso si hipotéticamente estableciéramos la existencia de una decisión política, esto no prueba automáticamente que su objetivo fuera debilitar a Aziz Akhannouch o fortalecer al Partido Autenticidad y Modernidad antes de las elecciones.
El objetivo electoral es una afirmación aparte que también requiere pruebas reales y tangibles.
La pregunta que surge aquí es: ¿cuál era el objetivo de esta operación, según el relato del periódico español? ¿Qué decisión se pretendía modificar? ¿Y qué pruebas demuestran que la crisis de Ceuta fue un medio para lograrlo? ¿Cuál es el vínculo directo entre este objetivo y Fouad Ali El Himma?
Sin respuestas documentadas, el asunto permanece en el ámbito del análisis político y no se convierte en un hecho comprobado.
La situación se vuelve aún más compleja si incorporamos el factor digital a la interpretación de la crisis. EFE citó a un periodista marroquí que lleva años siguiendo temas migratorios, quien afirmó que los intentos de cruce masivo suelen ir precedidos de incitación y movilización en grupos cerrados de redes sociales, donde se difunde información sobre el momento del intento y las rutas para llegar a la frontera.
La agencia española también señaló que en las redes sociales se publicaron imágenes de jóvenes durante los cruces.
Este factor no puede considerarse un detalle menor. Cuando una información inexacta o una convocatoria en un grupo cerrado puede impulsar a cientos de personas a dirigirse simultáneamente hacia un punto fronterizo, parte de la explicación de este comportamiento colectivo reside en el propio entorno digital y social.
Por lo tanto, este movimiento de tal magnitud no debe reducirse a una decisión política centralizada a menos que existan pruebas que respalden esta afirmación. Introducir estos factores no implica adoptar una narrativa sobre otra, sino situar el evento en su contexto real.
Los grandes acontecimientos rara vez se originan en un solo factor, y en el caso de Ceuta, la situación es mucho más compleja: la presión migratoria acumulada, un cambio en la legislación española, la información que circula en plataformas digitales, las redes de contrabando, una serie de decisiones individuales que se transformaron en un movimiento colectivo y, posteriormente, una crisis política y mediática derivada de todo ello. Esta complejidad hace que atribuir el evento a un solo individuo requiera una justificación excepcional.
En este contexto, también es importante situar la crisis en el marco de la cooperación marroquí-española que existía inmediatamente antes de la misma.
El 6 de mayo de 2026, el comité conjunto marroquí-español responsable de la operación de tránsito celebró una reunión en Tánger, copresidida por el Sr. Khalid Zerouali, Wali (Gobernador) de Migración y Control de Fronteras del Ministerio del Interior, y el funcionario español responsable de Protección Civil y Emergencias. Ambas partes discutieron los preparativos necesarios para la Operación Marhaba 2026.
Semanas después, en una reunión celebrada en Huelva los días 25 y 26 de junio, Marruecos y España reafirmaron la solidez de su alianza en materia de migración y su objetivo común de promover una migración regular, segura y ordenada.
La Compañía Nacional de Radio y Televisión (SNRT) informó, citando datos oficiales, que esta cooperación se enmarca dentro de una alianza bilateral más amplia en materia de migración.
Por supuesto, estos datos no pueden considerarse prueba de la ausencia de desacuerdo político, pero sí permiten contextualizar mejor los acontecimientos. Tan solo unas semanas antes de la crisis, los canales de coordinación marroquí-español en materia de migración operaban de forma abierta y regular.
Por lo tanto, cualquier explicación que pretenda justificar los sucesos de julio como un acto político deliberado de Marruecos contra España o el gobierno español debe explicar también este proceso diplomático e institucional ya existente.
Esto plantea interrogantes sobre las fuentes utilizadas en la investigación del periódico español. No cabe duda
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