En un artículo publicado recientemente, Le Monde describe a Hicham Jerando como un exiliado político, figura de proa de una protesta silenciada. Sin embargo, esta presentación omite un elemento esencial: condenado en Canadá por difamación y amenazas de muerte, Jerando se ha destacado por acusaciones infundadas contra personalidades públicas, a menudo calumniosas, cuya virulencia va más allá de una crítica política legítima. Asimilar sus invectivas a una empresa de salud pública equivale a confundir denuncia y denigración, a sustituir el ruido de la polémica por la exigencia de la prueba. ¿Le Monde ha visto los vídeos de Jerando? La duda está permitida.
Hicham Jerando, “un disidente”? Esta palabra cínica revela el resorte secreto que pone todo en movimiento a un grupo de individuos ávidos de incidentes y a cierta prensa extranjera que ya no verifica nada. Los recientes procesos judiciales dirigidos contra algunos individuos en casos de derecho común han sido presentados por Le Monde como el síntoma de un “endurecimiento autoritario” en el que cualquier “voz disidente” sería restringida. Esta lectura, descuidando los matices esenciales y los hechos (mientras que Le Monde tiene los comunicados de prensa de las autoridades), confunde oposición y difamación, procedimiento judicial y implacabilidad política, a riesgo de inducir al lector a error. Le Monde está acostumbrado a este triste ejercicio.
La construcción ficticia de los mártires
El artículo (basado en información obsoleta ya que la menor de quince años -y no de trece- fue liberada con su madre), se basa en gran medida en el caso de Hicham Jerando, del que dibuja el retrato de un exiliado perseguido por las autoridades por sus posiciones críticas. Sin embargo, el hombre, instalado en Canadá, fue condenado por la justicia de este país por difamación y amenazas de muerte, un elemento que Le Monde omite oportunamente mencionar. Lejos de ser una figura de la lucha democrática, Jerando se ha distinguido con ataques personales, a menudo insultantes. Convertirlo en el modelo de la libertad de expresión equivale a abolir toda distinción entre el debate contradictorio y la pura calumnia.
La detención de varios miembros de su familia se basa en elementos concretos. El artículo evoca la intervención de la policía sin cuestionar la naturaleza de los cargos contra estos individuos, inculcando así la idea de una represión ciega sin examinar los motivos legales presentados. Este enfoque, en el que la presunción de culpabilidad se aplica a las autoridades y la presunción de inocencia a los acusados, es más una alegación que un trabajo periodístico equilibrado.
El caso Abdelmoumni: ¡un peligroso atajo que presenta seis meses de prisión como una fuerte pena!
El caso de Fouad Abdelmoumni se trata con la misma ligereza. La condena de este individuo por “difusión de información falsa” se asocia inmediatamente a sus críticas al poder, como si cualquier demanda contra un supuesto “opositor” solo pudiera ser política. Sin embargo, esta inferencia se basa en un silogismo frágil: el hecho de que un “opositor” sea procesado no significa que el procedimiento sea necesariamente abusivo. Al evacuar cualquier examen del expediente, al interesarse solo por la identidad del acusado en lugar de por los hechos imputados, el artículo prioriza una lectura ideológica sobre el examen de los elementos concretos.
Una historia unidireccional
Le Monde tampoco cuestiona el uso selectivo de la denuncia por parte de los propios activistas. Abdelmoumni, como otros de sus cómplices, supo movilizar una red internacional complaciente para transformar cada crítica o enjuiciamiento en una prueba adicional de una supuesta deriva autoritaria. Este mecanismo de autovictimización en el que cualquier acto judicial se vuelve sospechoso por principio, transforma las acciones de derecho común en enjuiciamientos “políticos”.
El artículo se esfuerza por inscribir estos casos en una lógica de represión, multiplicando los ejemplos para alimentar una tesis preconcebida. La condena de Saïd Aït Mehdi, la situación de Mohamed El Boustati o la cuestión saharaui se mencionan sin esfuerzo de priorización o contextualización, como si cualquier acción de las autoridades marroquíes fuera del mismo esquema. Esta dudosa acumulación da la impresión de un catálogo a cargo, donde cada hecho se desvía para alimentar una visión manichea.
Un periodismo de opinión disfrazado de artículo a cargo
El caso de las manifestaciones propalestinas es emblemático de este enfoque. Le Monde sugiere que las autoridades marroquíes habrían contenido estas expresiones públicas, cuando no solo eran libres, sino que estaban debidamente documentadas. La realidad, más matizada, se evacua en favor de una lectura en la que el Estado marroquí, incapaz de tolerar cualquier expresión popular, buscaría amordazar cualquier forma de protesta. Le Monde, durante mucho tiempo antimarroquí, sacrifica la complejidad en el altar de una narrativa simplista aplicando una cuadrícula de lectura binaria donde lo ilegal encarna la virtud y el poder lo arbitrario. Por lo tanto, traiciona el requisito de rigor que debería presidir cualquier producción periodística
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