Europa no solo se enfrenta a una crisis de gobiernos, sino también a una crisis del modelo social que prometía a sus ciudadanos una prosperidad duradera.
Lo que presenciamos hoy en las calles europeas podría ser el inicio de una transformación histórica más profunda que las meras protestas por los precios, la vivienda y la energía.
En mi opinión, estamos presenciando los precursores de lo que podría llamarse una «Otoño Europeo».
Pero no será una réplica de la Primavera Árabe. Mientras que los pueblos árabes salieron a las calles exigiendo libertad, dignidad y justicia, los europeos podrían estar alzándose para defender un nivel de vida que antes consideraban un derecho inherente, solo para descubrir que mantenerlo ya no es tan fácil como lo era para las generaciones anteriores.
El bienestar europeo está disminuyendo no solo en los informes económicos, sino también en los detalles de la vida cotidiana.
Los ciudadanos que antes daban por sentadas las vacaciones anuales ahora tienen que calcular sus gastos.
Los jóvenes que trabajan pero no pueden permitirse la independencia económica ahora regresan a casa de sus padres.
Las familias que antes planeaban viajes ahora se conforman con escapadas cortas cerca de casa.
Incluso la calefacción en invierno y el aire acondicionado en verano se han convertido en una pesada carga económica para algunas familias. Estas no son solo observaciones personales; en 2025, el 27,5% de la población de la UE no podía permitirse ni una sola semana de vacaciones fuera de casa, cifra que alcanzaba el 33,2% en España. ¿Qué significa prosperidad si una parte significativa de la sociedad no puede disfrutar ni siquiera de sus aspectos más básicos?
Aún más alarmante es la creciente desigualdad social. Algunos poseen coches de lujo y propiedades inmobiliarias y viajan cuando les place, mientras que otros esperan hasta fin de mes para ver si su salario les alcanza para pagar el alquiler, las facturas y la comida.
Europa no se ha empobrecido, pero se enfrenta a otro peligro: la prosperidad que ha sido el sello distintivo de su modelo social se está convirtiendo en un privilegio del que disfrutan unos pocos, mientras que la capacidad de ciertos sectores de la clase media para mantener el estilo de vida con el que crecieron se está erosionando.
Cuando los ciudadanos sienten que trabajan más para vivir menos, la confianza en el sistema político comienza a disminuir, incluso si las instituciones democráticas permanecen intactas.
Aquí reside la raíz del dilema. La industria, la ciencia y las instituciones han contribuido a la prosperidad europea, pero parte de la riqueza e influencia acumuladas también provino de siglos de colonialismo y control sobre los recursos, los mercados y las rutas comerciales, particularmente en África, América Latina y Oriente Medio.
La hegemonía no era simplemente la ocupación de territorio; era un sistema económico que controlaba las fuentes de materias primas, las condiciones de su extracción, sus precios y su transporte a los centros industriales.
La riqueza de África y América Latina contribuyó a la acumulación de capital y la expansión del mercado, mientras que el petróleo de Oriente Medio, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un elemento crucial para impulsar la industria, el transporte y el crecimiento económico de Occidente.
Las empresas británicas, estadounidenses y europeas se beneficiaron de extensas concesiones petroleras e influencia que abarcaba las etapas de producción, refinación y comercialización.
De este modo, la acumulación industrial y financiera se aceleró en los centros de poder, mientras que las sociedades productoras no siempre recibieron una parte justa del valor que ayudaron a crear.
Europa se benefició de un equilibrio de poder global que le favorecía, dentro de un sistema occidental en el que Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia desempeñaban papeles centrales, si bien con intereses y métodos diferentes.
Hoy, esta situación está cambiando. La energía barata ya no está garantizada, la competencia tecnológica e industrial se ha intensificado con el auge de China y otras potencias económicas, y los países africanos y productores de energía exigen una mayor participación en el valor de sus recursos y una mayor autonomía en la toma de decisiones.
El problema no radica en que Europa haya dejado de generar riqueza, sino en que las condiciones para producir y financiar su prosperidad se han vuelto más costosas y complejas.
Aquí reside el paralelismo más peligroso con la Primavera Árabe.
Las protestas pueden derrocar gobiernos y nuevos partidos pueden llegar al poder prometiendo restaurar el poder adquisitivo y la dignidad económica. Pero ¿qué sucederá cuando estos partidos lleguen al poder y descubran que la crisis no reside en el ministro saliente, sino en un modelo económico con limitaciones estructurales?
Los gobiernos pueden modificar los impuestos y redistribuir los subsidios, pero no pueden, mediante decreto político, devolver al mundo a una era de energía barata, mercados prácticamente garantizados y supremacía industrial sin parangón.
Por lo tanto, los gobiernos pueden suceder sin que desaparezcan las causas del descontento. Y la crisis del costo de vida puede transformarse gradualmente en una crisis de confianza en la capacidad del sistema político para cumplir sus promesas sociales.
Desde esta perspectiva, creo que podemos comprender en parte la insistencia de Europa en mantener sus esferas de influencia en África.
La competencia por minerales, energía, puertos y mercados ya no se limita a la búsqueda de mayores beneficios; se ha vinculado a la seguridad económica y a la capacidad de mantener el nivel de vida interno. Es en este contexto que interpreto la competencia por la ubicación estratégica de Marruecos, sus recursos y sus vías fluviales atlánticas y mediterráneas.
La cooperación española y francesa con Marruecos puede ser una asociación en igualdad de condiciones, pero el peligro surge cuando esta asociación se transforma en un intento de monopolizar ventajas estratégicas o imponer condiciones que mantengan a Marruecos en una posición de dependencia.
En este punto, la postura marroquí debe ser clara: no somos responsables de salvar el modelo europeo de Estado de bienestar a costa del futuro de nuestros hijos. Marruecos no es una reserva de recursos ni un corredor geográfico abierto para servir a los intereses de otros sin una justa compensación. Sus recursos terrestres y marítimos, su ubicación estratégica y su capital humano deben servir principalmente para construir el bienestar de los marroquíes: un sistema educativo respetable, un hospital digno, vivienda asequible y una economía que genere oportunidades de empleo.
No tiene sentido recuperar la soberanía sobre los recursos si el ciudadano marroquí sigue privado de sus beneficios.
No deseo el colapso de Europa ni la miseria de su gente; la estabilidad de la costa norte también beneficia a la costa sur.
Sin embargo, me niego a aceptar que el bienestar europeo se presente como un derecho sagrado, mientras que se espera que los africanos acepten la dependencia y la pobreza para que ese bienestar continúe. La siguiente etapa, en mi opinión, revelará hasta qué punto Europa puede reconstruir su prosperidad a través de la producción, la innovación, la colaboración y la justicia, en lugar de buscar nuevas formas de preservar viejos privilegios.
Este Otoño Europeo que preveo: no necesariamente el colapso de las democracias, sino más bien la erosión del contrato social que prometía a los ciudadanos una prosperidad continua. Los gobiernos, los políticos y los partidos pueden cambiar, pero la pregunta que persistirá es: ¿quién pagará el precio de mantener esa prosperidad?
En cuanto a Marruecos, debe responder a esta pregunta ahora: la prosperidad de otro pueblo no se puede construir privando a los marroquíes de su derecho a sus propios recursos y a su futuro. Una soberanía que no se traduzca en dignidad social y económica para el ciudadano sigue siendo incompleta.
