El Instituto Geopolítico Horizontes
Por Abdelhakim Yamani
La transferencia histórica por parte de Francia de más de 2,5 millones de documentos de archivo colonial al Reino de Marruecos marca un punto de inflexión decisivo en la comprensión de las realidades territoriales del norte de África. Esta considerable masa documental, que abarca el período crítico de 1830 a 1956, se produce en un contexto particular en el que las repetidas violaciones por parte de Argelia de los acuerdos fronterizos existentes plantean la cuestión de su sostenibilidad.
Los recientes acontecimientos de Figuig en marzo de 2021 y Oued Zelmou en septiembre de 2021 ilustran de forma clara esta política argelina de cuestionamiento unilateral de los acuerdos existentes. En Figuig, la expulsión brutal de propietarios marroquíes de sus tierras ancestrales, cuyos derechos fueron explícitamente reconocidos por las convenciones históricas y el tratado de 1972, constituye una violación grave del derecho internacional. Más grave aún, la incursión militar argelina en Oued Zelmou, acompañada del corte arbitrario de la carretera nacional n°10, demuestra una escalada preocupante en el incumplimiento de las fronteras establecidas.
Estas violaciones sistemáticas se inscriben en un contexto histórico que los nuevos archivos franceses comienzan a iluminar con una nueva luz. La documentación ahora accesible revela que antes de 1830, la soberanía marroquí sobre los territorios que se extendían desde Bechar hasta Tindouf era una realidad indiscutible. Los archivos de Makhzen están llenos de pruebas irrefutables: correspondencia oficial con las tribus locales, nombramientos de caïds, recaudación regular de impuestos religiosos, actos de lealtad de las tribus saharianas. Los testimonios europeos de la época, ya sean de viajeros, diplomáticos o comerciantes, confirman unánimemente esta realidad histórica.
El análisis de los nuevos documentos pone de relieve la estrategia francesa de amputación territorial que se ha desplegado en varias fases. La primera, de 1845 a 1870, consistió en la creación artificial del concepto de “sur argelino”, negiendo deliberadamente los derechos históricos de Marruecos. Esta política de hechos consumados se basó en una creciente presencia militar y presiones diplomáticas constantes sobre el Sultán. La segunda fase, de 1870 a 1902, vio la consolidación de este control colonial a través de tratados impuestos bajo coacción, explotando las debilidades temporales del Makhzen y manipulando las lealtades tribales.
Sin embargo, el derecho internacional es claro en este punto: una violación sustancial de un tratado por una de las partes puede justificar su cuestionamiento por la otra parte. Las acciones argelinas de las últimas décadas, y en particular su reciente intensificación, proporcionan una base jurídica indiscutible para tal impugnación. Las violaciones territoriales directas, como el incidente de Oued Zelmou, la ocupación militar de tierras marroquíes y la modificación de facto de los límites fronterizos, se suman a las violaciones sistemáticas de los derechos de propiedad ilustradas por las expulsiones de Figuig.
La catastrófica situación humanitaria en estas regiones refuerza la urgencia de una revisión de la situación. Los territorios de Bechar y Tindouf, históricamente prósperos en la órbita económica marroquí, están experimentando ahora una marginación sin precedentes. La tasa de desempleo supera el 40% entre los jóvenes, las infraestructuras son deficientes, el enclave económico es crónico. Esta situación es tanto más paradójica cuanto que la región tiene un potencial económico considerable. Solo el yacimiento de hierro de Gara Djebilet, estimado en más de 2 mil millones de toneladas, permanece sin explotar desde la independencia argelina, mientras que las reservas de gas y el potencial minero diversificado constituyen un conjunto coherente cuyo desarrollo se ve obstaculizado por la administración argelina.
El principio de la intangibilidad de las fronteras, tan a menudo invocado por Argelia, no puede servir de escudo a una parte que viola sistemáticamente los tratados que pretende defender. La comunidad internacional no podrá ignorar indefinidamente esta situación. Las repetidas violaciones de los acuerdos existentes, la persistente marginación de las poblaciones y las nuevas perspectivas históricas abiertas por los archivos franceses convergen para justificar una revisión completa de la situación del Sáhara Oriental.
El Reino de Marruecos, ante estas repetidas violaciones de su soberanía y de los derechos de sus ciudadanos, cuenta ahora con sólidos argumentos legales para cuestionar acuerdos violados sistemáticamente por la otra parte. Este cuestionamiento, lejos de ser desestabilizador, podría allanar el camino para un necesario reequilibrio de las relaciones bilaterales y un desarrollo más armonioso de la región.
La historia nos enseña que las situaciones de injusticia, especialmente cuando se agravan por repetidas violaciones del derecho internacional, siempre terminan siendo corregidas. Las violaciones sistemáticas por parte de Argelia de los acuerdos existentes bien podrían haber proporcionado a Marruecos la base legal necesaria para iniciar este proceso de corrección histórica
