La última muestra de victimismo de Hicham Jerando, en la que acusa al Estado Marroquí, sin pruebas, de una supuesta conspiración para desviar la atención de sus propios abusos, denota un oportunismo patológico. Este individuo, conocido por sus insultos y repetidas campañas de difamación, llegó incluso a solicitar protección al primer ministro canadiense, Marc Carnier, contra el supuesto acoso judicial y las amenazas de muerte provenientes de Marruecos.
De este modo, intenta presentarse como un valiente activista que lucha contra una “mafia”, cuando en realidad solo busca evadir su responsabilidad penal en Canadá, país donde reside y donde ha sido juzgado en múltiples ocasiones.
Lo que este agitador omite deliberadamente es que sus problemas legales en Canadá no guardan relación alguna con Marruecos.
Estas condenas se derivan exclusivamente de sus propias acciones: difamación reiterada, desacato a la autoridad judicial, desacato al tribunal y una actitud provocadora hacia el sistema judicial canadiense.
Lejos de la imagen de un “denunciante perseguido”, Jerando es descrito por varios jueces como un reincidente en difamación que muestra un flagrante desprecio por las órdenes judiciales. Sus múltiples condenas, particularmente en los casos que lo enfrentaron a Abderrahim Hanine y al abogado Adil Said Lamtiri, demuestran una estrategia consistente: insultar, calumniar, quebrantar la ley y luego presentarse como un mártir cuando llega el momento de responder por sus actos.
Un breve resumen basta para destacar la magnitud de su historial delictivo.
En julio de 2025, el juez Sylvain Lussier del Tribunal Superior de Quebec dictó tres condenas sucesivas en su contra por difamación, desacato al tribunal y desacato sistemático a la autoridad judicial. Servicio comunitario, multas de 10 000 dólares, penas de prisión: cada sanción se deriva del mismo patrón: el de un individuo que, obstinadamente, continúa publicando videos difamatorios a pesar de las órdenes explícitas de cesar su actividad.
Las numerosas resoluciones judiciales mencionan su ausencia en las audiencias, sus declaraciones falsas y su actitud obstinada, revelando no a un activista valiente, sino a un delincuente reincidente incapaz de respetar la ley.
La sentencia de la Corte Suprema de Canadá en octubre de 2025 puso fin a esta larga lista: confirmó su culpabilidad por difamar al Sr. Sebti y le ordenó pagar 20 000 dólares canadienses en concepto de daños morales, además de 15 000 dólares en costas judiciales.
Esta decisión demuestra que la máxima instancia judicial canadiense también considera sus acusaciones y ataques como difamatorios. Así pues, lejos de la ficción de un “activista amordazado”, Jerando se muestra como lo que realmente es: un charlatán del discurso público, que se ha otorgado a sí mismo licencia para insultar y mentir en nombre de una libertad de expresión que pervierte, y que ahora intenta explotar a Marruecos para hacer olvidar que, principalmente, huye del sistema judicial de su propio país de residencia
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