En el contexto de lo que se califica de explotación política en España de la cuestión del espionaje mediante el programa “Pegasus”, la ministra española de Defensa, Margarita Robles, advirtió este martes al “Partido Popular” (PP) por su intento de atribuir responsabilidades. por el uso del programa israelí para espiar los dispositivos de varios Ministros del gobierno, incluido el presidente Sánchez a Marruecos sin pruebas concluyentes que lo respalden.
Robles consideró, en una respuesta oral a un diputado del Parlamento español, que “acusar a Marruecos de implicación en este caso sin pruebas constituye una explotación irresponsable de un tema delicado”.
Estas declaraciones se producen después de que la justicia española reabriera la investigación sobre los ataques electrónicos a los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios ministros, entre ellos la propia ministra de Defensa, tras surgir nuevas informaciones de las autoridades francesas.
El caso se cerró temporalmente en julio de 2023 por falta de cooperación jurídica por parte de Israel, que vende este software, pero se reanudó después de que Francia proporcionara información sobre casos similares de piratería que afectaron a periodistas y figuras públicas del país utilizando el mismo software.
En el contexto de estos acontecimientos, el diputado del Partido Popular, José Enrique Núñez, dirigió preguntas a la ministra de Defensa sobre la marcha de la investigación, y vinculó indirectamente la filtración de información con la política exterior del Gobierno, lo que indica un cambio en la política exterior de España, y posición hacia el Sáhara Marroquí.
Posteriormente, Robles expresó su enérgico rechazo a estas insinuaciones, llamando al partido a “tener cautela y respetar las instituciones jurídicas que son responsables de determinar responsabilidades en este caso”.
La ministra confirmó que el Gobierno español, a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha cooperado plenamente con el poder judicial, ya que hasta el momento se han presentado diez informes técnicos para su investigación, el último de los cuales fue en octubre de este año.
Robles también pidió “cautela al hacer acusaciones infundadas”, señalando que el caso “debe dejarse en manos del poder judicial para determinar responsabilidades”, en referencia al respeto al Estado de derecho y a la justicia en asuntos tan complejos
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