Marruecos aparece, en un informe desclasificado transmitido al Congreso de los Estados Unidos, en el centro de una evaluación detallada de la cooperación entre la Oficina para el Tráfico Internacional de Drogas y el cumplimiento de las leyes (INL, organismo dependiente del Departamento de Estado de los Estados Unidos, encargado de la prevención y gestión a nivel internacional de la política antiestrafagética) y la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN, policía marroquí). El documento, titulado “Informe al Congreso sobre la actualización del Informe de Vetting, Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, 2024 (Div. F, P.L. 118-47), Informe del Senado 118-71 y Ley de Apropiaciones y Extensiones Continuas del Año Completo, 2025 (P.L. 119-4)”, afirma que “el trabajo conjunto [entre Rabat y Washington] ha hecho evolucionar la investigación de la confesión espontánea a la administración de pruebas” y recuerda que “el laboratorio de criminalística de la DGSN se ha convertido en el primer laboratorio africano en recibir la acreditación de una institución internacional [el Consejo Nacional de Acreditación de la ANSI (ANAB)]”. Agregó que “las muestras procesadas en este laboratorio se utilizarán para obtener condenas basadas en pruebas materiales, lo que aumentará la eficacia de los tribunales y reducirá los errores de juicio
La DGSN en el centro de los intereses estadounidenses
El pasaje dedicado a Marruecos afirma que “el enfoque marroquí de las investigaciones penales se orienta ahora hacia las pruebas materiales” y que “la acreditación del laboratorio de la DGSN es una primicia en África”. Los redactores señalan que “el informe cumple con los requisitos de la sección 7019(e) de la Ley de Apropiación del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados para el año 2024”, refiriéndose a las referencias federales citadas en el texto. También afirman la “coherencia con la sección 7049(d)(3) de la Ley de Apropiaciones de 2024, llevada por el Senado”. Además, “el documento proporciona los detalles de las solicitudes de filtrado (vetting) del ejercicio 2024 para la asistencia prevista a las unidades de las fuerzas de seguridad” y que “presenta las medidas adoptadas para ayudar a los gobiernos extranjeros a llevar a los miembros culpables de las fuerzas de seguridad cuando los casos han sido rechazados
Los autores del informe describen, región por región, “las acciones emprendidas en 2024 para ayudar a los gobiernos a emprender acciones legales por sí mismos o a mejorar sus mecanismos internos de responsabilidad”. Para África, escriben que “el programa GDRP (Programa de Reforma de Defensa Global), anteriormente Programa de Profesionalización de la Fuerza de Seguridad, ha aumentado las capacidades del personal militar de varios países para garantizar el cumplimiento de las normas de derechos humanos y protección de civiles”. A continuación, señalan que “el programa GPOI (Global Peace Operations Initiative) ha apoyado a los socios africanos comprometidos en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU y la Unión Africana”, indicando que “el departamento, a través del GPOI, ha cooperado con la ONU para formar a los oficiales nacionales encargados de investigar las acusaciones de mala conducta, especialmente en materia de explotación o abuso sexual
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